Lo planteó ayer en el juicio el abogado de la Secretaría de Derechos Humanos.
El Gobierno nacional pidió ayer la pena de reclusión perpetua para los ex militares Alfredo Astiz, Jorge “El Tigre” Acosta y otros 10 represores por los secuestros y homicidios de las monjas francesas Alice Domon y Leonie Duquet y de otras 10 víctimas que estuvieron prisioneras en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) durante la última dictadura militar.
El abogado de la querellante Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Martín Rico, solicitó en el juicio por esos crímenes que todos los acusados cumplan la condena en una cárcel común y que los delitos de privación ilegal de la libertad, aplicación de tormentos y homicidio sean declarados de lesa humanidad, perpetrados en el marco de un “genocidio”.
La querella, que finalizó ayer su alegato ante el Tribunal Oral Federal 5, también pidió reclusión perpetua, la pena máxima del Código Penal, para Juan Carlos Rolón, Ricardo Cavallo, Ernesto Weber, Jorge Rádice, Antonio Pernías, Raúl Scheller, Néstor Savio, Julio César Coronel, Juan Carlos Fotea y Alberto González.
Todos los acusados fueron considerados responsables del secuestro de los integrantes del “Grupo de la Santa Cruz” , llamado así por la Iglesia de la Santa Cruz, del barrio porteño de San Cristóbal, en la que se reunían para reclamar por la aparición de sus familiares.
Ese grupo estaba compuesto por las monjas francesas y por Azucena Villaflor de Devincenti, Esther Balestrino de Careaga y María Ponce de Bianco – iniciadoras de las Madres de Plaza de Mayo –, Horacio Elbert, Angela Aguad, José Fondovila, Eduardo Horane, Raquel Bulit, Patricia Oviedo y Remo Berardo.
Rico también planteó su acusación por los homicidios de Villaflor, Bianco, Careaga, Aguad y Duquet, que fueron los únicos de los 12 secuestrados cuyos cuerpos se encontraron.
El jueves, al iniciar su alegato, la querella había señalado que Astiz se infiltró en el grupo haciéndose pasar por un familiar de desaparecidos con el nombre falso de Gustavo Niño y “marcó” a quienes debían ser secuestrados, lo que llevó a cabo el grupo de Tareas 3.3.2 que integraban los acusados.
“¿Qué clase de peligrosos guerreros demoníacos eran las madres que buscaban a su hijos o dos religiosas que las ayudaban? ¿Realmente estas personas eran terroristas, seres demoníacos digitados desde la URSS (Unión Soviética) y Cuba pidiendo por sus familiares en una Iglesia?”, ironizó Rico.
La Secretaría de DD.HH. interviene en el juicio de la ESMA como querella del “Grupo de la Santa Cruz”, 12 casos de los 85 que se juzgan. Entre éstos últimos se encuentra el secuestro y desaparición del periodista y escritor Rodolfo Walsh.
La ESMA fue el centro clandestino de detención más grande de la última dictadura, por el que pasaron casi cinco mil víctimas, y funcionó en el Casino de Oficiales de la Escuela donde también funcionó una maternidad clandestina.
Junto a Astiz estaban ayer por la tarde todos los acusados, a los que deben agregarse Adolfo Donda, Juan Azic, Carlos Capdevilla, Manuel García Tallada, Pablo García Velazco, y el almirante Oscar Montes, que comandó la ESMA antes de ser canciller.
Para el jueves y viernes próximo continuará alegando por las querellas el abogado Horacio Mendez Carreras, en representación de las familias de las monjas francesas, y luego el abogado Luis Zamora, por la familias Careaga y de la joven sueca Dagmar Hagelin.
Otro tramo del juicio, con alegatos específicos, corresponde al asesinato de Walsh, cometido el 25 de marzo de 1977, y cuyo cuerpo fue visto por sobrevivientes, una minoría de los 5 mil detenidos clandestinos que pasaron por el centro de detención que funcionó en la ESMA.
FUENTE:Diario Clarín
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